La “G” en 5G significa “Generación”. La tecnología inalámbrica para teléfonos técnicamente comenzó con el 1G y, al comienzo de los años 90, se expandió al 2G.

Contaminación electromagnética. Nos suena difuso, lejano. Sin embargo, junto con el cambio climático, quizás sea uno de los desafíos ambientales más graves e inmediatos a los que se deba enfrentar nuestra generación.

Han hecho falta más de doscientos años para que los científicos empiecen a hablar de cambio climático. Sin embargo, apenas treinta años después de que se produjera la explosión de las tecnologías inalámbricas ya se han realizado treinta resoluciones firmadas por cientos de científicos y médicos independientes que están alertando de que estas tecnologías, “en niveles miles de veces por debajo de las directrices legales actuales”, son extremadamente dañinas para toda clase de vida.

Las principales fuentes de campos electromagnéticos son los teléfonos móviles o inalámbricos, el wifi, las antenas de telefonía, las líneas transporte eléctrico, los transforma
dores y una amplia gama de electrodomésticos.

HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Dos mil artículos científicos revisados por pares hablan de cáncer, estrés celular, radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductivo, déficit de aprendizaje y memoria, trastornos neurológicos… Piden reiteradamente que se aplique el principio de precaución antes de que se produzca una “pandemia mundial” y reclaman a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a Naciones Unidas que se creen comités de expertos independientes que estudien posibles soluciones.

Reclaman que se reconozcan la electrohipersensibilidad y la sensibilidad química múltiple como dos manifestaciones de una única patología. E instan a la UE a detener el despliegue de la tecnología móvil de 5ª generación (5G) hasta que se demuestre que no perjudicará a niños, bebés y fetos, pues los actuales 2G, 3G, 4G y el wifi ya están ocasionando graves daños no solo en seres humanos sino también en árboles, huevos, pájaros, abejas y animales salvajes.

El Parlamento Europeo en 2009 y el Consejo de Europa en 2011 también reclamaron la aplicación del principio de precaución en sendas resoluciones. El primero apunta un asunto clave: las compañías aseguradoras ya están aplicando su propio principio de cautela al excluir, de las pólizas de responsabilidad civil que contratan con las operadoras, los posibles daños para la salud de los campos electromagnéticos.

El Consejo de Europa aconseja bajar los niveles de intensidad actualmente permitidos (41 V/m) a 0,6 V/m, a medio plazo, y a 0,2 V/m, a más largo plazo. También pide que se creen zonas blancas libres de ondas, que se sustituya el wifi por el cable en las escuelas o los inalámbricos por teléfonos con cable, o que se informe sobre la tasa de radiación y los riesgos para la salud en las cajas de los móviles (un móvil con datos puede tener picos mayores de 6 V/m).

REACCIONES DE LA INDUSTRIA

Las compañías de telecomunicaciones han sido extremadamente hábiles. Por un lado, antes de que organismos internacionales y gobiernos los formaran, han constituido sus propios “comités de expertos”, con científicos directa o indirectamente relacionados con industrias eléctricas, de telecomunicaciones o de seguros.

Este es el caso de la Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), una organización privada, que determinó los niveles de intensidad ahora permitidos (a partir de la consideración de los efectos térmicos a corto plazo únicamente, y no de los efectos biológicos que producen las exposiciones crónicas), que sirven de referente a la OMS, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a los gobiernos.

También del comité científico para el estudio de los nuevos riesgos para la salud, el SCENIHR, referente para la Unión Europea, con algunos de sus miembros denunciados por conflicto de intereses por sus vínculos con la industria de las telecomunicaciones.

O, en España, del Comité Aientífico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS) que depende del Colegio de Telecomunicaciones, donde uno de sus miembros presidió una cátedra de Telefónica en la Universidad de Oviedo, otro preside la cátedra del colegio de ingenieros de telecomunicaciones de la Politécnica de Madrid y otro ha sido asesor biomédico del SATI, financiado por empresas de telecomunicaciones.

INTERESES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Por otro lado, las compañías de telecomunicaciones se han convertido en accionistas de grupos como Prisa y financian la mayoría de los medios de comunicación a través de la publicidad.

Paralelamente se han constituido lobbies, que no se declaran como tal –en España no existe una ley que los regule–- sino como ONG escépticas, defensoras de “la verdad científica”. Sus miembros, muchos de ellos periodistas, solo citan en sus artículos los informes de los comités anteriormente mencionados, silencian las resoluciones institucionales y científicas que no les interesan, realizan intensas campañas cada vez que se celebra un juicio -–ya se han ganado varios en Europa y España que conceden incapacidades totales a personas electrohipersensibles– o recogen con gran despliegue informativo los informes del CCARS.